Por ello, solicitó a la Junta de Andalucía que no se retrase la ejecución del proyecto, que prevé aumentar las instalaciones hasta alcanzar los 436 puntos de amarre y posibilitar el atraque de buques de crucero.

La regidora recordó que el plan ya cuenta con los informes positivos de la Consejería de Medio Ambiente y de la Demarcación de Costas, además de tener ya adjudicado un presupuesto, que alcanza los 80 millones.
“Espero que la Administración autonómica rectifique después de las últimas declaraciones de Montserrat Badía”, afirmó en referencia a la directora de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía (EPPA).

La alcaldesa cree que una obra esencial no puede estar condicionada por la aprobación del nuevo planeamiento y recordó que el Ayuntamiento posee todas las competencias.
“La Junta no puede coaccionarnos para tener voz y voto en cuestiones como el futuro de las viviendas del Banana Beach o la reestructuración del polígono”, manifestó.

Por todo ello, Muñoz anunció que mantendrá reuniones con diferentes colectivos sociales, vecinales y empresariales de Marbella, como el Centro de Iniciativas Turísticas, para que se adhieran a su postura y adopten una posición “firme y unánime” que obligue al Gobierno andaluz a cambiar su discurso.

La Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Marbella y San Pedro (Apymem) fue la primera en mantener contacto con el Ayuntamiento, ya que el pasado lunes ambas instituciones compartieron un desayuno de trabajo para debatir sobre los problemas del barrio Divina Pastora.

El presidente de Apymem, Antonio Núñez, apoyó el discurso de la regidora y recalcó la importancia de la ampliación de La Bajadilla para atraer al turismo de calidad.