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| La revisión de licencias ilegales favorecería que los promotores se hiciesen cargo de las compensaciones. (Foto: M.R.L.) |
La agrupación recuerda la obligatoriedad legal de llevar a cabo este proceso
Última actualización 12/12/2007@00:23:31 GMT+1
Advirtieron, y han cumplido. Ecologistas en Acción remitió ayer a la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Málaga una denuncia en la que acusan al Ayuntamiento de Marbella de negarse a revisar 1.000 licencias urbanísticas concedidas durante los gobiernos gilistas, así como por la corporación presidida por Marisol Yagüe.Ecologistas en Acción subraya en el texto que la Consejería de Obras públicas de la Junta de Andalucía, el Grupo Socialista de Marbella, Izquierda Unida e incluso el propio servicio jurídico del Ayuntamiento de Marbella han solicitado la revisión de licencias sin éxito desde el pasado verano.
Hasta la aprobación del Plan
Desde el equipo de gobierno dirigido por Ángeles Muñoz consideran que lo idóneo es esperar a que se produzca la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbano, alegando que dicha revisión “supondría un perjuicio económico para las arcas municipales mayor que el beneficio posterior”, punto éste en el que discrepan en su totalidad del resto de grupos políticos.
Según explicó a este periódico Rafael Ávila, portavoz de Ecologistas en Marbella, la revisión de licencias fuera de ordenación según el planeamiento vigente es obligatorio por ley. De igual modo, considera que “es una manera de garantizar las responsabilidades de los promotores y de recaudar dinero, ahora que las arcas están tan bajo mínimos”, comenta. “No iniciar y tramitar un expediente de revisión de oficio es simplemente ignorar deliberadamente lo que la ley establece, dejar de hacer algo obligado, permitir por la vía de inactividad que los actos ilegales sigan generando efectos”, se indica en el escrito remitido a la Fiscalía de Medio Ambiente malagueña.
Por otra parte, Ávila considera que esta medida “garantiza que las compensaciones las pague el promotor de la obra, y no los terceros de buena fe”, puntualiza Ávila.