El consejero andaluz de la Presidencia, Gaspar Zarrías, advirtió ayer al Ayuntamiento de Marbella de que “no puede empezar la legislatura de las manos limpias incumpliendo la ley”, en alusión a la negativa del equipo de gobierno municipal del PP a revisar licencias urbanísticas ilegales concedidas por el GIL.

Zarrías afirmó en rueda de prensa que la Junta “ha planteado que se revisen una serie de licencias para que se cumpla la Ley de Ordenación Urbanística, no sólo en Marbella, sino en todos los ayuntamientos de Andalucía”.

Si el Ayuntamiento de la localidad incumpliera la ley, estaría “creando un mal precedente, que no es bueno para nadie, y menos para el Ayuntamiento de Marbella”, según el consejero.
“No es una cuestión arbitraria o potestativa, sino imperativa, porque lo establece la ley, y el Ayuntamiento debe cumplirla”, dijo Zarrías, que agregó que la ley “establece la necesidad de revisar una serie de licencias que se hicieron vulnerando todos los derechos urbanísticos habidos y por haber en Marbella y fuera de Marbella”.

Destacó que, “al día siguiente de las elecciones municipales, en las que el pueblo emitió claramente su veredicto”, la Junta “se puso a disposición de la nueva corporación para resolver los importantes problemas de Marbella”.

Además, el primer Consejo de Gobierno de la Junta tras los comicios puso “en marcha el mecanismo de devolución de las competencias urbanísticas que la Junta, en las circunstancias que todos conocen, había rescatado”.

La Junta no sólo devolvió esas competencias, “sino que también concluyó los trabajos, con una amplia participación ciudadana, de redacción del PGOU, y lo entregó al Ayuntamiento para que continúe con el procedimiento establecido en la Ley de Ordenación Urbanística y pueda estar aprobado en el menor tiempo posible, para seguridad jurídica de propios y extraños”, agregó Gaspar Zarrías.