A pesar de los innegables atractivos de la ciudad para la tercera edad, lo cierto es que las empresas que tienen en Marbella residencias de ancianos pasan por apuros. Incluso aquellas que aparentemente están en plena expansión.

Es el caso de Sanyres, que tiene abiertas en la ciudad dos residencias. Sanyres presentó un expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a los 25 trabajadores de la residencia ubicada en junto al Hotel Puente Romano, y denominada Sanyres Margarethenhof. La compañía, con sede en Córdoba y unos activos valorados en 36,2 millones de euros en 1999, cuenta con otra residencia de mayores en la ciudad, que se ubica en Sanyres Puerto Banus. De igual modo, es la empresa adjudicataria de las obras y posterior gestión de la residencia de ancianos del Trapiche, impulsada desde el Consistorio.

Así, el abogado de los trabajadores, Daniel Pérez, estima que las pérdidas a las que se aduce en el informe del ERE “no se justifican”. “Actualmente hay 19 personas ingresadas” (cuando la residencia tiene 160 plazas), “siendo la mitad de ellos alemanes”, explican los trabajadores del centro, quienes recuerdan que los 25 empleados “tienen alta cualificación: hablan dos o tres idiomas, además de su formación específica”.

De igual modo, creen que la situación habría cambiado “con una gestión eficiente. Despidieron a la directora del centro, pero optaron por llevar a cabo el ERE”, explican los empleados, que llevan en la residencia desde 2007.

La empresa Sanyres, cuya actividad comprende un grupo de residencias y servicios para la tercera edad, presentó el pasado 1 de febrero un ERE ante la Delegación Provincial de Empleo de la Junta de Andalucía en Málaga proponiendo la extinción de los contratos de los veinte trabajadores con los que cuenta el centro de Sanyres Margarethenhof, un expediente que, a juicio de los empleados, no se ajusta a derecho “debido a que el grupo empresarial Sanyres, Prasa, Cajasur y la Caixa podrían mantener su viabilidad económica, empresarial y los compromisos sociales adquiridos con la propia localidad”, apunta el abogado.

Según Pérez, “la medida no sólo supone la destrucción de empleo, sino también que la residencia deje de prestar un servicio esencial para las personas mayores en Marbella, en concreto este centro cuenta con 161 plazas autorizadas por la administración que no concretan si serán redistribuidas en el otro centro de Sanyres Puerto Banús o del propio grupo”.

Además de requerir la intervención urgente del Ministerio de Trabajo, la Consejería de Empleo y al Ayuntamiento de Marbella ante esta grave situación, la plantilla requerirá a las cajas de ahorro Caixa y Cajasur –que se encuentran en pleno proceso de fusión- y a la inmobiliaria Prasa que propongan un plan de viabilidad y un plan social con el fin de mantener todos los puestos de trabajo o la recolocación de los empleados en otros centro de trabajos del grupo empresarial Sanyres.

Reuniones
Los empleados se mantendrán también concentrados en el centro de trabajo todos los días como medida de protesta por la extinción de sus contratos. Además han solicitado a los partidos políticos de la ciudad con representación en el Ayuntamiento –PSOE, PP e IU-, así como al consejero de Empleo, distintas reuniones para explicar su situación y recabar apoyos frente al ERE, así como demandar que se mantenga el uso asistencial y social de los terrenos donde se asienta la residencia ante la posibilidad de que la decisión que pretende adoptar la empresa tenga como fondo una maniobra de especulación inmobiliaria.

En esta residencia de lujo de Marbella cada paciente abona entre 2.000 y 3.000 euros al mes.