Muñoz y otras diez personas se encuentran imputados en este caso por los delitos de fraude y malversación de caudales públicos en relación con la citada permuta urbanística, que supuso, según un informe pericial, un perjuicio de más de 660.000 euros para las arcas del Consistorio.

El ex regidor ha recordado en su comparecencia ante el juez que la Comisión de Gobierno que aprobó el convenio, en enero de 1996, dio luz verde al mismo porque ni el interventor ni el secretario municipal pusieron reparo a dicha actuación, han asegurado fuentes judiciales.

En su declaración, ha afirmado también que no recibió instrucciones por parte del ex asesor urbanístico en el Ayuntamiento Juan Antonio Roca para aprobar el acuerdo.

Además de Muñoz, ayer también declaró por este caso ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella el ex concejal del Grupo Independiente Liberal (GIL) José Marino Pomares.

Hoy están citados el empresario y representante legal de Yeregui SA, Francisco Javier Arteche, el ex secretario Leopoldo Barrantes y el interventor municipal, Juan Antonio Castro. En esta causa se encuentran además imputados Roca, el que fue primer teniente de alcalde Pedro Román y los ex ediles del GIL Mario Jiménez, Rafael González, Marisa Alcalá y Manuel Calle.

Fraude y malversación
Según el instructor del caso, existen “indicios racionales de criminalidad” en la posible comisión de un delito de fraude y malversación de caudales públicos “en atención al perjuicio que se causa” al Consistorio “por la enajenación de parte de su patrimonio en condiciones muy ventajosas para la entidad Yeregui”.