En una alegación al documento provisional, a la que ha tenido acceso La Tribuna de Marbella, el órgano colegial señala que para “garantizar una adecuada proporción de dotaciones” a la ciudad, el Ayuntamiento ha optado por calificar “de forma generalizada y masiva” la mayor parte de los terrenos disponibles como de uso público. Con ello, se penaliza a unos propietarios que “no han cometido irregularidad alguna”.

Para los arquitectos, no existen “criterios generales” a la hora de estudiar las compensaciones, lo que genera “numerosas arbitrariedades y agravios comparativos” entre los diferentes casos.

Así, no es “inusual” que el texto urbanístico penalice más a las propiedades que incurren en una menor irregularidad, al existir en ellas “mayor proporción de suelos vacantes” susceptibles de ser usados para el desarrollo de equipamientos públicos. Por contra, aquellos propietarios que agotaron el aprovechamiento de sus terrenos, ven “premiada” su actuación al no contar ya con suelos útiles.

En declaraciones a este periódico, el decano de los arquitectos malagueños, Francisco San Martín Olea, comentó que se trata de un modelo “ilógico”, porque “recompensa a quienes han cometido las irregularidades”.

Además, para San Martín el PGOU “no es realista desde el punto de vista práctico”. “El Ayuntamiento tiene que tener la facilidad de poner el texto en práctica, porque si no es útil, no sirve”, añadió.

Sin embargo, desde el órgano colegial consideran que la solución propuesta oculta un interés por parte tanto del Consistorio como de la Junta de Andalucía de “eludir las responsabilidades que evidentemente tienen en la problemática planteada” y, sobre todo, en “trasladar la totalidad de los costes de la regularización a los particulares”.

Por todo ello, el Colegio expresa en su alegación que no considera aceptable la propuesta del plan, más aún cuando entiende que “no es la única alternativa legal viable”.

Si bien los arquitectos comparten la idea de que “un incumplimiento del plan vigente tan generalizado no puede quedar sin respuesta administrativa”, tildan de “forzado y discutible” el sistema de compensaciones, que además “va por otros derroteros” a lo que plantea la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

Cambios injustificados
El Colegio de Arquitectos ha detectado además importantes cambios de “difícil justificación”, que en su opinión exigen una explicación pública “en aras de la credibilidad general del documento, del equipo redactor y del Ayuntamiento de Marbella”.

Ejemplos de ello son la modificación, desde la aprobación inicial a la provisional, del uso de varios suelos, caso de la fábrica de hielo en el centro, evitando así que sean requeridos como dotaciones públicas; o la cesión de terrenos para la construcción de equipamientos en áreas que el texto inicial no recogía.

Pese a que se trata de un mero “análisis técnico”, la alegación incluye algunas propuestas, como la búsqueda de alternativas al sistema de compensaciones; el establecimiento de criterios “objetivos y claros” a la hora de llevar a cabo la normalización; o la asunción por parte de las administraciones públicas de la parte de culpa que les corresponde en la restitución de la legalidad urbanística.
“Hay que hacer una reflexión con el equipo redactor y con los técnicos municipales”, comenta Francisco San Martín, quien sin embargo añade que el Ayuntamiento “aún no ha respondido a nuestras alegaciones”, ni a ésta última ni a la presentada al plan inicial.

Una respuesta “ambigua e insuficiente”
“Ambigua e insuficiente”. Así considera el Colegio Oficial de Arquitectos que es “en la mayor parte de los casos” la contestación del Ayuntamiento a las alegaciones presentadas al PGOU, en las que a veces “no existe relación entre lo alegado y lo que se contesta en el informe”.
“Las alegaciones se deben contestar una a una, pero en vez de eso se ha hecho una contestación general, en bloque”, comenta el decano de los arquitectos, Francisco San Martín, quien deja entrever que el equipo redactor tampoco ha hecho sus deberes, pues “no ha elaborado el informe técnico pertinente”.

Además, para el órgano colegial existe una contradicción entre las respuestas de Manuel González Fustegueras y su equipo y el informe de alegaciones presentado por el propio Ayuntamiento, a quien corresponde la decisión final, pues “tiene la legitimidad y la responsabilidad para ello”.

En esta línea, el Colegio considera que el PGOU debe someterse de nuevo a aprobación provisional en base a las alegaciones presentadas e incorporando “realmente los criterios municipales”, en vez de actuar “por orientaciones de otras administraciones”.