El mismo sueño sin duda de los que manejan las tramas delictivas de la corrupción.

Y el convertir a las víctimas en cómplices pasa por algo tan simple como convencerlos que la corrupción - o, por lo menos, una dosis supuestamente moderada - favorece la buena marcha de los negocios y, por lo tanto, la prosperidad de la colectividad. En pocos lugares en este planeta se tiene tanta conciencia de la falsedad de esa premisa, como en Marbella y en San Pedro, donde la inmensa mayoría de la población puede ser considerada víctima de la corrupción y sus consecuencias.

Anunciaba recientemente la Unión Europea que Bulgaria, uno de los países recientemente incorporados a la UE no podría recibir ayudas muy importantes de los Fondos de Cohesión europeos, a causa de la corrupción enquistada en sus instituciones. El mismo fenómeno que está frenando la inversión exterior en ese país, desesperadamente necesitado de la presencia de empresas internacionales en su territorio.

La ciudadanía española, poco sospechosa de insolidaridad, comprenderá y considerará razonable esta medida. España será pronto un contribuyente neto a estos Fondos de Cohesión y los ciudadanos españoles no desearían ver que el dinero de sus impuestos se desvía para alimentar tramas delictivas al servicio de los ilegítimos intereses de unos pocos. Igual que las empresas serias no desean arriesgar ni su dinero ni su prestigio en lugares donde las reglas del juego no están claras y la inseguridad jurídica emana de actuaciones institucionales oportunistas, desprovistas de todo sentido ético.

El pasado 30 de noviembre se podía leer en El Mundo una información inquietante. Recogía este diario la preocupación de sectores del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ante las presiones para desbloquear cierto importante proyecto urbanístico en la provincia granadina, apelando al manido argumento de los problemas de la situación económica actual, para exculpar a los promotores del mismo. Maniobra tan transparente como peligrosa para la buena salud cívica de la sociedad y que justifica la más que comprensible alarma de esos miembros del alto Tribunal andaluz.

Y algo se mueve. Y en la buena dirección. Como la noticia que nos confirma que una reciente decisión del TSJA puede reconducir el desastre medioambiental y jurídico del Algarrobico en Almería, hacia soluciones totalmente asimilables al derecho medioambiental europeo. O la petición de la Fiscalía de un endurecimiento de las penas para los cómplices necesarios en los delitos urbanísticos, según El País del 1 de Diciembre.

Todo esto me recuerda una reunión de la Convención Europea del Paisaje, del Consejo de Europa, celebrada en la capital de Eslovenia, Ljubljana, del 10 al 13 de Mayo de 2006. Se nos unió al grupo de trabajo para la implementación de la Convención el entonces Director General de Ordenación del Territorio del Gobierno de las Islas Baleares, Jaume Massot Sureda. Unos meses después, el señor Massot Sureda era detenido e imputado por un presunto delito urbanístico. En los medios de comunicación del 20 de noviembre me desayunaba con la siempre lamentable noticia que esta persona había sido condenada por falsedad y prevaricación, a cinco años de prisión por la Audiencia de Palma de Mallorca.