El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), a través de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ordenó a través de la sentencia 583/07 la revisión de tres licencias ilegales, que se suman a otras 15 anteriores. Según De Luis, el Ayuntamiento ha utilizado una excusa “partidista”, ya que “vincula la no revisión a la petición y el informe realizados por la gestora” por el que se solicitaba el aplazamiento de la ejecución de sentencias de demolición hasta la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana.

Y es que, según el edil, “el informe decía todo lo contrario a lo que ahora propone el PP: que la revisión de las licencias es el camino para resolver el caos urbanístico del municipio”. Tal y como añade De Luis, “no hay normalización sin cumplimiento de la ley. Lo que ordena el TSJA es iniciar el procedimiento de revisión de las licencias, que puede desembocar en la declaración de nulidad de las mismas o en la determinación de su legalidad. Por lo tanto, no hay perjuicio para el Consistorio, sino todo lo contrario. Si se determina la nulidad de las licencias el Ayuntamiento podrá reclamas posteriormente al promotor que se ajuste ala legalidad con el consiguiente pago de la sanción reponiendo a la ciudad lo arrebatado”, explica el concejal socialista.

Dejar sin revisar las licencias tiene, según De Luis, un riesgo claro: “supone dejar con apariencia de legalidad las licencias del GIL, y gozar por tanto de ‘buen derecho’ por parte del promotor”, o lo que es lo mismo, “los coloca en una virtual situación de ventaja” en una eventual negociación sobre compensaciones. Además, tal y como se advierte en el artículo 106 de la ley 30/92 del Procedimiento Administrativo, con el paso del tiempo van surgiendo nuevos derechos de terceros que impedirán la declaración de nulidad.

Las últimas tres sentencias afectan a 35 viviendas en la urbanización Golf Río Real de la empresa Ray Inmobiliario SL y a dos viviendas unifamiliares de Quatrovillas SL en la urbanización La Coneja Sur.

Consecuencias económicas

La concejal Susana Radío manifestó que los presupuestos municipales de 2008 contemplan una partida de 6 millones de euros generados con la revisión de licencias que se invertirán en actuaciones concretas del Plan de Barrios (parte del plan de asfaltado; rotondas de Trapiche, Plaza de Toros y Comisaría; piscina de San Pedro y polideportivo Miraflores). “Los barrios verán mermadas sus mejoras en los próximos años si no se procede a la revisión de las licencias”, apunta Radío.

Romero (PP): “La revisión sólo conduce a la demolición”
El portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero (PP) tardó poco en contestar a los socialistas. En opinión del grupo mayoritario en el Consistorio, revisar licencias urbanísticas sólo conduce “a la demolición o a que los compradores de buena fe tengan que pagar por los desmanes cometidos por otros mientras la Junta de Andalucía miraba para otro lado”.

Romero insistió en que la postura del gobierno local ha sido siempre la misma: “nadie nos puede acusar de incoherencia. Hemos defendido antes de entrar en el Ayuntamiento y después de que no se puede hacer pagar a los compradores de buena fe por los desmanes de otros”. Así, insistió en que en la pasada Junta de Gobierno Local “lo que se realizó fue el traslado al TSJA de nuestro criterio, amparado en los suyos propios en los que se establecen que las revisiones de licencias por lógica deberían esperar a la aprobación del PGOU”.

Insiste en que “no hemos recurrido las sentencias ni hemos pedido retrasar la ejecución. Se ha solicitado la suspensión y estamos a la espera de una respuesta, tal y como marcan no sólo nuestro criterios: también el de la gestora y el de la propia Junta y de su presidente en los días alternos”, puntualizó Romero.